Los DDHH según Cambiemos

Un plan que administra la venganza, promueve la arbitrariedad, y nos hace retroceder a donde nunca estuvimos
Autor: Santiago González (@gauchomalo140)


"...las mortecinas luces intelectuales
del ministro Garavano
y el secretario Avruj..."


Las víctimas del terrorismo guerrillero de la década de 1970 deberán seguir esperando, por lo menos hasta después del 2020, para que el Estado argentino las reconozca oficialmente como tales. El plan  nacional de derechos humanos que regirá hasta esa fecha carece de un capítulo dedicado a ellas,  mientras reserva amplios espacios de recordación, promoción y homenaje para sus victimarios. El  programa de acción, cuya puesta en marcha fue anunciada personalmente por el presidente Mauricio  Macri, representa otra capitulación del gobierno de Cambiemos frente a la dictadura cultural (y  política) progresista, mantiene al país sumido en la mentira respecto de su pasado y por eso mismo  ensombrece su futuro.

Todavía está pendiente la pensión a los deudos de los conscriptos [1].


La adhesión del gobierno en estos términos a las denominadas políticas de derechos humanos es cuestionable porque tal como ha sido anunciada bloquea y posterga una vez más el demorado acceso a la verdad histórica sobre lo ocurrido en la desgraciada década de 1970, y lo hace adrede: para mantener la farsa de las nobles intenciones de los alzados contra la Nación es necesario desconocer, ocultar, negar la existencia de miles de víctimas del todo ajenas a cualquier conflicto, sacrificadas por los revoltosos sólo para transmitir un mensaje político o para entrenarse en el uso de las armas.





Lo verdaderamente penoso para las víctimas de la guerrilla –digámoslo mejor: para los familiares de las víctimas de la guerrilla, porque las víctimas en sí están muertas– es precisamente esa invisibilización, y no su exclusión de las llamadas políticas de derechos humanos, cuya atención les habría conferido un dudoso honor. La cuestión de los derechos humanos, ellos lo saben mejor que nadie, es una gigantesca patraña internacional, a la vez un negocio y una herramienta política para facilitar otros negocios, en auge creciente desde la década de 1970, justamente cuando el caso argentino demostró a los campeones del internacionalismo, la globalización del mercado y el gobierno mundial que era posible una injerencia no bélica y políticamente correcta en los asuntos de otros estados.






"Legiones de burócratas...".

Legiones de burócratas han encontrado un lucrativo modo de vida impulsando la agenda de los derechos humanos en infinidad de congresos, encuentros, debates, conferencias, muestras y convenciones, que generan a su vez toneladas de papelerío, y costosos materiales de apoyo audiovisual, amén de viajes, traslados y hotelería. Esos burócratas pueden trabajar para organismos públicos nacionales o multilaterales, pero siempre son pagados con el dinero de los contribuyentes. Los argentinos, por ejemplo, financiamos la Secretaría de Derechos Humanos, y su infinita galaxia de organismos conexos y de ONGs subsidiadas, pero también ayudamos a financiar la burocracia derechohumanista de la OEA y la de las Naciones Unidas.

"...la desvirilización...".



Como herramienta política, los llamados derechos humanos han tenido un efecto tan nefasto en Occidente como lo han tenido entre nosotros, y de manera parecida. Gran parte de las tribulaciones con las que lidian Europa y los Estados Unidos, acosados por la invasión demográfica y el terrorismo internacional, perdidos y perplejos en el relativismo cultural, la disolución familiar, el quiebre de los nexos sociales, la desvirilización de las costumbres y la pérdida en suma de todo anclaje identitario, resultan de la prédica relacionada con los derechos humanos. En los Estados Unidos derriban estatuas de Robert E. Lee como aquí maltratan las de Julio A. Roca: detrás de esos dos desatinos está la ideología de los derechos humanos.

Vandalismo, tolerado por las autoridades, a la estatua del Presidente
General Julio Argentino Roca, en San Carlos de Bariloche.


El programa de derechos humanos anunciado por el gobierno argentino reconoce explícitamente la existencia de esa especie de gobierno o autoridad supranacional, que denomina el Sistema Internacional de Derechos Humanos, reivindica su adhesión a él, se congratula de haber aprobado todos sus exámenes, y recuerda, de paso, que esa adhesión tiene entre nosotros rango constitucional desde que la reforma de 1994 incorporó a nuestra carta fundamental los llamados “pactos internacionales” que representan otras tantas cesiones de soberanía. Hablemos de traición a la patria, señores constituyentes de Paraná.





Construido sobre semejantes bases conceptuales, e iluminado por las mortecinas luces intelectuales del ministro Garavano y el secretario Avruj, el contenido del programa de derechos humanos que nos regirá hasta el 2020 no podía ser más que lo que es: una colección de desatinos en algunos casos, infamias en otros, y arbitrariedades en todos. Propone, por ejemplo, luchar contra la discriminación en el país que ha albergado el mayor y más exitoso experimento planetario de integración de personas de distintos orígenes, culturas, religiones, idiomas y pieles sin conflictos, sin zonas segregadas y sin prejuicios.






La Argentina, cuya declaración de independencia fue traducida de inmediato al quechua, el aymara y el guaraní, pudo dar lecciones al mundo desde sus mismos orígenes sobre cómo se construye una sociedad sin discriminación. Pero los vendedores de soluciones primero tienen que inventar el problema: Garavano y Avruj desconocen la historia de su país, se olvidan de sus abuelos y bisabuelos, y prefieren caer en ridiculeces como la de reivindicar el carácter de “nación afro” de la Argentina, cuando cualquiera que sale a la calle en nuestra capital orgullosamente cosmopolita encuentra hoy más conciudadanos con ojos oblicuos que con pelo mota.



Más allá de sus aspectos coloridos, el Plan Nacional de Derechos Humanos tiene sus costados siniestros y peligrosos. Se aboca por un lado a administrar la venganza contra los militares de la época de la dictadura que los derrotaron, según el designio trazado por Horacio Verbitsky, e insiste en la continuidad de los juicios por “lesa humanidad”, donde se han violado y siguen violando garantías procesales, y por los cuales más de 2.000 personas, en su mayoría ancianas y enfermas, pasarán otra Navidad en la cárcel acosados por los mismos terroristas que hace cincuenta años los emboscaban con las armas.

Reunión de la CIDH con expertos en LGTB. Más burócratas.

Por otro lado el programa de derechos humanos puesto en vigencia por el gobierno que venía a cambiar las cosas, lleva adelante las mismas prácticas instaladas por el kirchnerismo (cuyas acciones en materia de derechos humanos, dicho sea de paso, el programa reivindica expresamente en su primera parte) y promueve la concesión de privilegios a grupos de personas, minorías intensas arbitrariamente definidas como excluidas, vulnerables, marginadas o supuestamente perjudicadas de alguna manera por el resto de la sociedad, con el acento puesto en los aborígenes y en las personas con algún tipo de trastorno sexual.

Estatua de Juan Bautista Alberdi, en Tucumán.


El programa es esencialmente contrario al espíritu de la Constitución nacional, que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que no admite ningún tipo de discriminación ni categorización, negativa ni positiva. En síntesis, todo lo que en este plan no es vindicativo o arbitrario, es superfluo, bien porque ya está contenido en la declaración de derechos y garantías de la Constitución, bien porque es de imposible cumplimiento. El Estado sólo puede, y debe, garantizar los derechos civiles. Los derechos humanos pertenecen a otro orden de cosas, su respeto o falta de él tienen que ver con la educación o el comportamiento ético o moral de su sociedad y no pueden depender de ordenanzas legales. Nadie debería cederle el asiento a una anciana, o tratar respetuosamente a un aborigen, porque la ley lo obliga. Sancionar una ley así nos hace retroceder a donde nunca estuvimos.

Santiago González
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[1] Nota de la Editora: Los políticos se negaron a darles una pensión a sus deudos. Estaba previsto en el orden del día dos proyectos: una pensión a los guerrilleros y pensión a los deudos de las víctimas de Formosa. Los diputados votaron la primera y se levantaron dejando a la Cámara sin quorum. Sin embargo los que propusieron la reparación a las víctimas en Formosa sí votaron por el proyecto oficialista. ¿No se dieron cuenta de la trampa en el orden del día? ¿No les importó? ¿Lo subsanaron luego de dos años que cuentan con el voto popular?


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Colaboraciones a restaurar.arg@gmail.com

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